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EL CIRCUITO DEL HUMO

EL CIRCUITO DEL HUMO Lídia Muñoz Mellinas
Análisis de Periodismo Especializado II

Su adicción al tabaco puede costarle muy cara. Resulta que ahora van a multar a los fumadores que incumplan la prohibición de hacerlo en lugares públicos. La entrada en vigor de la Ley Antitabaco, que el pasado día 26 de febrero el Gobierno remitió al Consejo de Estado y al Consejo Económico y Social (CES) para su informe preceptivo, contempla multas de hasta 10.000 euros a los fumadores que consuman cigarrillos en lugares prohibidos.
Centros de trabajo, docentes, sanitarios, zonas deportivas, transportes públicos y establecimientos de hostelería con una superficie inferior a los cien metros son algunos de los espacios llamados a estar libres de humos. Además, multas del estilo de 600 euros podrán recaer sobre el menor que esté fumando. Pobres padres, tutores acogedores o guardadores legales de un menor acostumbrado a llevarse a los labios un cigarrillo. Este vicio puede ocasionarles a ellos, como responsables solidarios, un desembolso económico significativo.

En principio, el conjunto del proyecto de Ley no parece inesperado -teniendo en cuenta la batalla que últimamente las autoridades han estado librando contra los fumadores- pero sí excesivo si la comparamos con la legislación existente para sancionar el consumo de drogas en lugares públicos. (Ley Orgánica 1/1992, de 21 de Febrero, artículo 25). Ahora bien, la lucha no es injustificada. Este aluvión de multas, que estrecha las libertades de los que disfrutan fumándose un pitillo, se debe a que España ha sido tradicionalmente uno de los países más permisivos de la Unión Europea, a pesar de las más de 50.000 personas que fallecían cada año a causa del tabaco. Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco es el único producto legal que causa la muerte de la mitad de sus consumidores habituales. Dato que se traduce en la muerte de un fumador cada 6,5 segundos o en la perdida anual de cinco millones de personas.

Las cifras no dejan lugar a dudas: Fumar mata. Sin embargo, la prohibición de exhalar humos no está libre de críticas. De hecho, son estos mismos datos –las armas que la OMS y Sanidad lanzan para justificar su lucha contra el tabaco- los que sirven de escudo a un nutrido porcentaje de fumadores a la hora de denunciar una actitud hipócrita por parte del Gobierno. “Si tanto daño hace el tabaco a la sociedad, la única salida coherente es su ilegalización inmediata. No a la producción, no a la comercialización y no al consumo. ¡Qué buen negocio es multar al consumidor y al mismo tiempo recibir ingresos por su consumo y producción”, dicen indignados los fumadores que se toman estas medidas legales como un atentado a sus propias libertades personales. Mientras que en principio, la Ley no va en contra los fumadores –al igual que las campañas contra el cáncer no van contra los propios enfermos- sino que se desarrolla en contra del tabaquismo, como fenómeno y enfermedad. Otra cosa es que luego al Estado no le interese y por ello no ponga los medios necesarios para la consecución de este fin.

La raíz del problema es que fumar es un negocio. Un negocio del que viven muchas familias en España. Y el Gobierno es un ente con doble personalidad. Por un lado, debe procurar no dejar en el paro a numerosas familias cuyos jornales dependen del tabaco y también debe procurar mantener la posición de Altadis, una de las grandes empresas españolas que potencian la economía del País. Por otra parte, el Gobierno es un organismo de base social que intenta evitar la muerte cruel de miles de personas, así como mejorar la calidad de vida de otras tantas, al mismo tiempo que pretende ahorrar millones en tratamientos, por la seguridad social, de enfermedades coronarias y del Cáncer.

Sin embargo, esta Ley no pone fin a esta tradiconal dicotomía. El Club de Fumadores por la tolerancia sostiene que el anteproyecto de ley puede crear "ciudadanos de segunda", que el Gobierno está "humillando al adulto" y que además, se atreve a plantear una medida que distrae pero que no arregla porque el problema de fondo continúa en su lugar. Por su parte, un gran número de fumadores considera que con este Anteproyecto de Ley el Gobierno no ofrece una solución oportuna al problema sino que está corriendo una cortina de humo para tapar el gran problema del humo. Sea una cortina o un cortahumos, lo único que por ahora señalan los indicadores es que tras la aplicación de la Ley el panorama se mantendrá prácticamente idéntico.

Las administraciones públicas se niegan a perder los cuantiosos beneficios que obtienen vía impuesto del tabaco y se resisten reconocer que en materia de tabaquismo es imposible la coexistencia del binomio negocio y salud. Las empresas hosteleras ven con temor la entrada en vigor de este proyecto de ley. Miles de establecimientos –sobre todo los locales de menos de 100 metros- temen que la aplicación tajante de la ley provoque una fuga de clientes y que sus negocios se vean abocados al cese de su actividad. Los no fumadores no se sienten del todo satisfechos con esta medida, saben que sus pulmones seguirán inhalando el humo de miles de cigarrillos que nunca eligieron fumar. Y La mayoría de los fumadores seguirán fumando, eso sí más irritados que nunca, porque una Ley como ésta no les ayuda a perder el hábito.

Además, la gran subida del precio del tabaco simplemente logrará que una pequeña parte de la clase media deje de fumar. Mientras que a la clase alta, esta subida, no le afectará prácticamente en nada. Por desgracia, la clase humilde continuará rebajando el dinero de otras partidas domésticas para hacer frente a uno de los pocos vicios que tiene: el tabaco. Y las tabacaleras seguirán buscando nuevos clientes. Si no pueden hacerlo con la publicidad directa lo harán por la indirecta: incrementando el consumo de cigarrillos en personajes de cine y televisión, sobre todo entre los más guapos y famosos. Así lograrán mantener su estatus e ingresos y el circuito del humo seguirá rodando.

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